Críticas externas señalan la misma porquería sin que la advertencia de aplicar la ley se cumpla.
Aguirre Rivero en pleno Tixtla, donde las despensas se negocian por política. Las buenas intenciones no bastan si no aplicar la ley a quienes desvían el sentido de la ayuda.
Corrupción e impunidad
rebasan
Cualquier gesto o “buenas” intenciones del gobierno.
rebasan
Cualquier gesto o “buenas” intenciones del gobierno.
Asoma la impunidad y
complicidad En la tragedia que dejó el temporal En Guerrero
Roberto Zamarripa escribió ayer, en su
columna TOLVANERA, del peri´podico Reforma de la ciudad de México, interesante
artículo que alerta sobre la gran posibilidad de que la impunidad prevalezca en
Guerrero uego de la tragedia que dejó el temporal.
El articulista sostiene que a quince
días de que el mismo gobierno se fijó un plazo para revelar nombres de
responsables de autorizar licencias de construcción en la zona de humedales, la
sospecha de que nadie será castigado cobra fuerza. A continuación el artículo
en referencia.
Negligencia de Estado
Roberto Zamarripa
El plazo para el informe sobre causas
y responsabilidades en la tragedia de Acapulco Diamante de la pasada quincena
de octubre ya venció.
Quizás lo que haya que esperar del
informe de Sedatu sea una disculpa pública y una estrategia integral de
reparación de daños.
Si quisieran encontrar a los
responsables, señalarlos y procesarlos, la Sedatu tendría que pedir el
encarcelamiento de funcionarios federales, estatales, porteños y de empresarios
asociados que han construido en Acapulco.
Gabinetes de gobierno completos
tendrían que ser llamados a declarar, todos los integrantes de cabildos,
consejos de administración de empresas que conocieron de las irregularidades en
adquisición de terrenos o en la construcción de viviendas.
¿Cabrían todos en el reclusorio? La
cárcel de Acapulco tiene una importante sobresaturación.
Lo que ha quedado exhibido en
Acapulco, una vez más, es el fracaso de una política pública que no protege a
la gente ni sus bienes, ni su tierra, ni sus recursos. Si el informe de Sedatu
exhibiera ese fracaso, incluyendo nombres y apellidos, mucho se abonaría no
solo para no repetir las magras experiencias sino para sentar bases de una
política social de uso de suelo diferente y una política de vivienda de
auténtico beneficio popular.
Muchos factores gravitan alrededor de
la crisis de Acapulco Diamante pero no son ajenos a otras regiones del país.
Por un lado, la estrategia de
reconversión del ejido, iniciada hace dos décadas, no supuso beneficios para
pobladores. Las diferentes estrategias para desarticular comunidades y para que
depredadores se quedaran con inmejorables territorios para la construcción de
casas sin respetar planeaciones urbanas equilibradas, marca una de las bases
principales del desastre.
La política de vivienda,
particularmente la social, durante los sexenios del panismo, constituyó otro de
los factores de alteración. Tras la presunción de centenas de miles de casas
construidas y de créditos otorgados, se escondió uno de los más perversos
negocios que golpeó a millones de trabajadores.
Emblemático resultó el esquema de
trabajo de "Los hijos de Marta", los hermanos Bribiesca, coludidos
con sus constructoras para edificar casas y atarlas a créditos de Fovissste o
Infonavit controlados por el equipo de Elba Esther Gordillo. Varios constructores
aplicaron el modelo "Hijos de Marta" sustentado en una protección
federal; así se construyeron y vendieron centenas de casas de la región
siniestrada de Acapulco Diamante.
No importó a los constructores saber
que estaba prohibido edificar en zonas de protección ecológica y agrícola. Al
lado de este tipo de amafiamientos surgieron -empujadas a la vez por la crisis
bancaria y crediticia- las sofoles.
Junto con estas sociedades crecieron
también las cajas populares. Hoy las sofoles han tocado retirada con la quiebra
de una de las más conocidas: SuCasita. Y una gran mayoría de cajas populares o
de préstamo han dejado en la ruina a millones de personas.
La clase política que auspició este
modelo de "Agiotismo de Estado" reunió todo tipo de recursos para
garantizar sus ganancias. A los compromisos ilegales con empresas constructoras
-que incluso eran de propiedad de los propios políticos o de sus familiares y/o
amigos- vino el control de los partidos y de sus clientelas.
La política se hizo en este círculo de
aportaciones millonarias de empresarios constructores para hacer ganar a un
político que a su vez controlaba a las clientelas electorales. Estas clientelas
estaban atadas al crédito de vivienda, a la promesa de casa, a la subordinación
de su patrón-cacique.
Esos políticos que triunfaron en
alcaldías, gubernaturas o quedaron insertos en gabinetes federales fueron los
impulsores de cambios de usos de suelo en zonas prohibidas, en otorgamiento de
licencias de construcción irregulares, en gestión de créditos de dinero público
para satisfacer a sus amigos constructores.
Como pocas circunstancias la tragedia
de Acapulco Diamante condensa el abuso y el fracaso.
Una quincena de años de una política
de vivienda errática e indigna.
Hoy la sofol que más usuarios cautivó
ante la crisis de crédito bancario, SuCasita, está en quiebra. Dos
constructoras que aprovecharon el "Agiotismo de Estado" también están
en números rojos y más hundidas que sus propios fraccionamientos en Acapulco:
Geo y Homex.
Las viviendas construidas quedaron
acumuladas como cascarones vacíos. Y los créditos entregados para deudores que
no quieren ocupar casas en lugares francamente inhabitables, se siguen
cobrando.
Vaya política de vivienda que quebró a
todos, desgració a muchos y benefició a pocos.
Sedatu deberá emitir un certificado de
defunción de una política de vivienda disfuncional y tendrá que pedir en su
informe una disculpa por lo ocurrido en Acapulco Diamante: una tragedia
producto de una negligencia de Estado que involucra a la Federación, a
gobiernos estatales y municipales.Publica:
(Síntesis de Guerrero.)
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