EL NARCO AMENAZA REPRESALIAS CONTRA COMUNITARIOS. APRUEBAN LEY GENERAL A VICTIMAS.
Represalias del narco
"Será
ojo por ojo", anticipan comunitarios ante posible
Uno de los policías comunitarios dijo que las
comunidades no tienen más alternativa, por la manera en que se les ha
secuestrado extorsionado y matado en los últimos años.
CHILPANCINGO,
GRO, 9 DE ENERO DEL 2013.- • Policías
comunitarios de Ayutla de los Libres anticiparon que si los grupos del crimen
organizado ejercen represalias en su contra actuarán igual que ellos: “sabemos
quiénes son, en donde están y también conocemos a sus familias. Será ojo por
ojo”.
En la
entrevista que se desarrolló en los retenes de Ayutla de los Libres, en donde
los comunitarios mayoritariamente han cubierto sus rostros con paliacates y
pasamontañas, lo que no habían hecho hasta este inicio de año, los
coordinadores justifican su actuación en la complicada situación que vive el
país en materia de inseguridad.
“Ante el
crimen organizado no veíamos ninguna intervención efectiva y por eso surgió
este movimiento, con la intención de liberar al pueblo; a los ciudadanos y las
familias, nosotros decimos que ya basta de tanto hostigamiento porque no
podemos ni andar en las calles. La noche es negra y el día también”.
Robusto y
bajo de estatura, el hombre que es reconocido como uno de los líderes del
movimiento señala que la acción que implementan ya no es solo de vigilancia,
como ocurrió en Olinalá y Huamuxtitlán en 2011.
“Nosotros
vamos a ver donde están esos amigos que no les gusta la vida en sociedad normal
y los vamos a sacar, los pueblos estamos hartos y por eso decidimos
organizarnos contra los llamados sicarios”, anotó.
Indicó
que tal y como lo señaló la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el lunes por
a noche, tienen detenidos a tres hombres que son acusados de colaborar con el
crimen organizado: “Tienen que ver mucho con este asunto, porque les
encontramos armas y evidencias de que estuvieron en los secuestros, por eso hay
condiciones para reeducarlos”.
Respecto
a la posibilidad de que los entreguen al Ministerio Público del Fuero Común
(MPFC) como lo plantean las autoridades, dijo que el acuerdo es de que las
poblaciones se van a defender con sus propios medios, pero que los detenidos
serán sujetos a reeducación en alguna casa de justicia de la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Todavía
este martes permanecieron en Ayutla pero anticiparon que luego tocará el turno
a Tecoanapa y después a otras localidades.
Agregó
que sus actividades ya fueron informadas a la Secretaría de Marina, al Ejército
Nacional y la administración estatal, porque el acuerdo es mantener la lucha
contra la delincuencia de manera indefinida.
Y
previendo las represalias por parte de los integrantes de las organizaciones
que enfrentan, otro integrante de la dirigencia anotó: “El pueblo ya no puede
más y vamos a tener que actuar a lo mejor de una menara indebida, pero es claro
que no nos dejan alternativa y si es necesario esto tendrá que ser ojo por ojo
y diente por diente”.
Ante la
duda de los comunicadores especificó: “Ellos (los delincuentes) también tienen
familia y de alguna manera les va a doler lo que hagamos, así que ojalá y no
hagan aquí lo que han hecho en otros lugares”.
Aunque el
cálculo que se hace es de que hay cerca de 500 hombres movilizados, los
dirigentes señalan que son por lo menos 700 pero sostienen que se van a
incorporar más.
Tanta
gente sumada a la persecución dijo que ha logrado reunir mucha información
respecto a quienes forman parte de las células delictivas: “Tenemos nombres y
direcciones, todos están ubicados y queremos hacer patente que si nos curra
algo a nuestras familias, lo mismo le pasará a las de ellos, que peleen como
hombres o mejor que se retiren a donde puedan ganarse la vida de manera
honrada”.
Asumió
que la postura puede ser lamentable, pero sostuvo que en estos momentos las
comunidades no tienen más alternativa, por la manera en que se les ha
secuestrado extorsionado y matado en los últimos años.
Publica el Congreso de la Unión la Ley General de Víctimas
Este miércoles aparece publicada en el Diario Oficial. Será
presentada al mediodía por el Presidente Peña ante organizaciones civiles
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero.- El Congreso de la
Unión publicó este miércoles la Ley General de Víctimas, que este mediodía será
presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los
Pinos ante representantes de organizaciones civiles.Ocho meses después de que esa legislación fue aprobada en el Congreso de la Unión, este día apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se expide la legislación, en los términos en que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con las disposiciones generales, el propósito de la Ley de Víctimas es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
En razón de lo anterior, la citada ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres poderes constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada, que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, y para tal fin deben “establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las victimas”, bajo pena de “sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones”.
El ordenamiento consta de 189 artículos y 16 transitorios, entre los cuales se establecen los derechos que tienen las víctimas, las medidas de ayuda inmediatas y humanitarias que deben aplicar las autoridades y las medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos, y a promover la superación de su condición.
También se consignan las medidas de reparación integral del daño, con asistencia jurídica, médica y económica.
La Ley General de Víctimas ordena además la creación de un Sistema Nacional de Víctimas, encargado de establecer los planes, proyectos y políticas públicas para la protección, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas.
Por medio de la Ley General de Víctimas se institucionaliza también el Registro Nacional de Víctimas, un mecanismo administrativo y técnico que soportará todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional.
Además, se crea un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas.
La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Senado de la República el 26 de abril de 2012 y ratificada por la Cámara de Diputados cuatro días después. Sin embargo, en julio pasado el gobierno de Felipe Calderón regresó la ley al Congreso, con el argumento de que contenía imprecisiones, y posteriormente interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la promulgación de la legislación.
Desde el discurso de su toma de posesión el 1 de diciembre, el Presidente Peña Nieto advirtió que se desistiría de dicho recurso legal y días después lo retiró, por lo que el ordenamiento pudo ser promulgado.
La Ley General de Víctimas entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; es decir, el 9 de febrero de 2013.
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