LAS CINCO REGIONES DE GENDARMERIA EN SEGURIDAD.
Dan a conocer las 5 regiones para
plan de seguridad
La estrategia de seguridad divide
a la República en cinco regiones, las
cuales se conforman por las zonas noroeste, noreste, occidente, centro y
sureste.
Ciudad de
México • La Secretaría de Gobernación, a través del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer
hoy las cinco Instancias Regionales de Coordinación, para homologar e
implementar políticas públicas en materia de seguridad, esto como parte de los
12 acuerdos establecidos el pasado 17 de diciembre en la Segunda Sesión Extraordinaria del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Los acuerdos del pasado consejo,
donde el presidente Enrique Peña Nieto delineó seis
ejes de su estrategia de seguridad, fueron
publicados este jueves en el Diario Oficial de la Federación.
La estrategia de seguridad,
divide al país en cinco regiones, las cuales se conforman por:
1. Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
2.
Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León,
San Luis Potosí y Tamaulipas;
3. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;
3. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;
4. Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y
5. Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En esas Instancias Regionales de
Coordinación participarán igualmente representantes de la Secretaría de
Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, y
la Procuraduría General de la República.
Éstas deberán estar instaladas en
un plazo no mayor a 45 días naturales.
Por lo que la Comisión integrada
por los gobernadores de Chihuahua, Oaxaca y Sonora, así como por el secretario
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendrán que reunirse en un
plazo no mayor a 30 días para designar a cinco representantes que asistirán
como invitados permanentes al Consejo, como parte de la participación ciudadana
para el fortalecimiento del Estado Democrático y de pleno derecho.
Además, se comprometieron a
elaborar e impulsar un Programa Nacional de Prevención del Delito con enfoque
municipal, que oriente los esfuerzos de las diferentes instancias de los
gobiernos federal, estatales y municipales en corregir las situaciones de
entorno y de convivencia que provocan violencia social y delincuencia.
El programa deberá enfocarse en
la construcción de ciudadanía responsable, cultura de la legalidad y
corresponsabilidad social; mejoramiento del entorno situacional. También la
activación y apropiación social de los espacios públicos; otorgamiento de
préstamos para crear empresas sociales, y orientación educativa para combatir
las causas psicosociales del delito (alcoholismo, drogadicción, violencia
intrafamiliar y de género, abuso infantil, pandillerismo, entre otras).
El gobierno federal, los estatales
y del Distrito Federal y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal
deberán revisar la normatividad en materia de otorgamiento de licencias y
permisos para establecimientos mercantiles que impacten en la seguridad
ciudadana y pongan en riesgo a la sociedad.
En concordancia con el Pacto por
México, los gobiernos estatales crearán instancias locales que puedan articular
y coordinar todos los esfuerzos que se requieren para dar cabal cumplimiento a
la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos
humanos.
Integrantes de este Consejo
Nacional y especialistas conformarán una comisión para analizar la viabilidad
de establecer en el país los modelos de Mando Único o Policía Estatal
Coordinada; la cual deberá quedar instalada a más tardar la primera quincena de
enero de 2013.
En tanto se implementa la reforma
legal, los gobiernos estatales promoverán entre los municipales la firma de
convenios de colaboración para que la designación de los mandos se realice de
manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados
hayan sido evaluados y certificados.
La Segob, en coordinación con las
entidades federativas, elaborará un estudio actuarial con proyección a 20 años
para establecer un Servicio Profesional de Carrera como uno de los pilares que
coadyuven en la formación de un cuerpo nacional de servidores públicos de
seguridad, profesional, capaz, con espíritu de servicio.
Se instruye a la Comisión
Permanente de Certificación y Acreditación para que, junto con el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación, desarrolle los mecanismos que
permitan asegurar que las entidades federativas concluyan la puesta en
operación de sus Centros de Evaluación y Control de Confianza.
Se propone una reforma al
Artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, para ampliar el plazo establecido por un periodo
improrrogable de 365 días naturales.
El artículo
indica que de manera progresiva y en un plazo de cuatro años las Instituciones
de Seguridad Pública, por conducto de los Centros de Evaluación y Control de
Confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes.
Los
integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública elaborarán un Programa
Nacional de Capacitación con calidad de sus instructores, pertinencia de sus
contenidos y el desarrollo de habilidades de investigación y operación para el
trabajo policial.
Se creará
un Consejo Académico, como instancia rectora, y cinco academias regionales para
la capacitación especializada.
También
se elaborarán en las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de
Secretarios de Seguridad Pública y sus equivalentes, protocolos de actuación
policial en materia de investigación, prevención y reacción, para su aprobación
e inmediata aplicación.
Los
gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal cumplirán al cien por
ciento con la conformación de las Unidades Especializadas de Combate al
Secuestro, así como la capacitación y certificación de sus integrantes, en un
plazo no mayor a un año.
La
Policía Federal creará Unidades Especializadas para la atención coordinada de
este delito. Los gobiernos de las entidades federativas integrantes de esta instancia
se comprometieron a suministrar, actualizar, sistematizar y consultar las bases
de datos como mecanismo fundamental de investigación policial.
Plataforma
México deberá generar los mecanismos necesarios para que las entidades
federativas que suministren y actualicen la información tengan acceso a la
misma y puedan utilizarla en el desarrollo de sus funciones.
Esquema que controlará las
Gendarmerías de Seguridad.
1. Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora;
2. Zona Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;
3. Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas;
4. Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y
5. Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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