Congreso penaliza la tortura con 12 años de cárcel para todo servidor público que la utilicen como método para obtener información.
Aprueba Congreso
Ley contra la
Tortura
Constitucional de la 60 Legislatura.
Diputados miembros de la Comisión de
Transportes del Congreso local, que preside Evencio Romero Sotelo, se reunieron
con el director de Transportes en Guerrero, Juan María Larequi Radilla, para analizar diversos temas en el rubro. Asistieron los
legisladores Óscar Díaz, Valentín Rafaela, Daniel Estaban, Elí Camacho,
Emiliano Díaz, José Luis Ávila, Ana Lilia Jiménez y Luisa Ayala Mondragón.
El presidente de la Comisión de
Gobierno del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, participó en la
instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en su calidad de
presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol),
ceremonia realizada en la residencia oficial de Los Pinos, y que fue encabezada
por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Diputados integrantes del Comité de
Administración del Congreso local, que preside Luisa Ayala Mondragón, se
reunieron paradar seguimiento al trabajo dediversas áreas administrativas del
Congreso local. Estuvieron presentes la y el legisladorDelfina Concepción Oliva
Hernández y Mario Ramos del Carmen.
Chilpancingo, Gro., 15 de enero de 2014.- Hasta doce años de cárcel se impondrán a los servidores públicos
en Guerrero que cometan, instiguen o autoricen a otros a torturar a una persona
para obtener información o alguna confesión.
Este
martes, por unanimidad, las y los diputados locales aprobaron una ley para
prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de tortura en la entidad, dando con
ello respuesta a una añeja demanda de grupos civiles.
Por ser
la tortura uno de los actos más reprobables que han atentado y atentan contra
la integridad y la dignidad de las personas, los diputados locales aprobaron,
en dos sesiones ordinarias, el dictamen que emitieron al Pleno las Comisiones
de Justicia y de Derechos Humanos, derivada de la iniciativa que presentó al
Congreso el Ejecutivo estatal.
La nueva ley se establece que se impondrán de cuatro a 12 años de prisión,
de 200 a 500 días de multa, así como la destitución e inhabilitación para el
desempeño de cualquier cargo para los servidores públicos que instiguen o autoricen a otro a cometer
tortura contra una persona para obtener información o confesión.
Además, se señala que
ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura o
tratos crueles, degradantes e inhumanos podrá invocarse como prueba y no tendrá valor probatorio ante una
autoridad policiaca, ni la rendida ante el Ministerio Público o autoridad
judicial, sin la presencia del defensor o persona de confianza del inculpado y,
en su caso, del traductor.
También se especifica
que el responsable de la comisión de alguno de los delitos que se señalan en la
Ley deberá cubrir a la víctima de tortura los gastos de asesoría legal,
médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que se hayan
erogado como consecuencia de ésta, y estará obligado a reparar el daño y a
indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes
económicos.
En el
dictamen se destaca que la
tortura constituye una violación grave a los derechos humanos porque se
considera como ofensa a la dignidad humana de las personas.
En ese sentido, en cumplimiento a la Convención contra la Tortura y
Otras Tratos o Penas Crueles, y a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, nadie debe ser sometido a está practica ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, por lo que abatir su ocurrencia se convierte en uno de
los mayores desafíos del Estado.
Una de las novedades
de este nuevo ordenamiento es la creación de un Comité Técnico de Análisis y Evaluación, como instancia técnica de examen
y seguimiento de los casos de tortura y estará integrado por los presidentes de
la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, y de las
Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia e
Instructora del Congreso local, así como del Tribunal Superior de
Justicia, entre otros.
Acuerdos
En otro punto se
turnó a la Comisión de Turismo el exhorto, propuesto por el diputado Rodolfo Escobar Ávila, al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Turismo a que
destine recursos económicos para implementar, difundir y promocionar un “Sello de Calidad
Turística”, en el municipio de Acapulco.
Asimismo, a petición
del diputado Omar Jalil Flores Majul se exhortó al Ejecutivo Federal para que instruya
al Secretario de Comunicaciones y Transportes que designen obras a las empresas
constructoras guerrerenses, en el proceso de reconstrucción que se está
llevando a cabo en la entidad para activar la economía del ramo de la
construcción.
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